Liliana Ruiz
Presidenta de
Alterna Perú e investigadora afiliada del Instituto del Perú
Las Asociaciones Público-Privadas, APP, constituyen una
solución idónea para mejorar la calidad de vida de los peruanos, puesto que
viabiliza la construcción y operación de modernas infraestructuras públicas
(autopistas, puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, colegios, etc.)
generando a la vez oportunidades de negocio para más ciudadanos y la creación
de nuevos puestos de trabajo.
Afortunadamente, el alto nivel de la Administración Pública
actual está convencido de la importante contribución de las APP al desarrollo sostenible
del país, de acuerdo a las recientes declaraciones públicas de los ministros de
Estado.
Expertos internacionales reafirman que la normativa peruana
en APP es perfectible pero bastante mejor que la de otros países de la región. Sin
embargo, la complementariedad de la inversión pública con la inversión privada
expresada en número de proyectos y montos de dinero es aún insuficiente y
aunque en el último mes hemos visto la adjudicación de tres importantes
proyectos a través de ProInversión, conocemos de la lentitud que aqueja al
diseño, evaluación y adjudicación de los proyectos APP.
¿Por qué el Perú aun no destaca en brindar a la
ciudadanía infraestructura y servicios públicos modernos a través de APP? La
Ministra de Salud reconoció hace poco que existen resistencias a las APP para
prestar servicios de salud. Intuimos que hay resistencias en general para
cualquier APP que estaría a cargo de un servicio público que tradicionalmente
fue prestado por el Estado. En muchos casos, estas resistencias están basadas
en el temor a que el privado de “gato por liebre”, a pesar de que se tomen
todas las precauciones del caso en los contratos de concesión, incluso bajo
circunstancias en las que el privado asume todos los riesgos de demanda y de
oferta.
En otros casos, no menores, la falta de confianza en
el privado está basada en la insuficiente experiencia y/o capacidades para
entender los modelos de negocios por parte de funcionarios estatales que son
parte del proceso de formulación y adjudicación de los proyectos, y que son muy
numerosos, debido a que cada proyecto involucra varias entidades públicas.
Requerimos más APP para que nuestros ciudadanos
reciban más y mejores servicios públicos, perciban que sus tributos están
siendo bien utilizados y legitimen al Estado. No creemos que sea necesario
crear más entidades públicas para regular y supervisar estos servicios. Por ejemplo, de proveerse servicios de salud a
través de APP, consideramos que no es obligatorio crear una nueva entidad
llámese organismo supervisor, regulador o superintendencia para garantizar la
correcta provisión. Lo que sí hace falta, es la generación de capacidades
dentro del sector estatal para entender estos
nuevos negocios, reducir la desconfianza y establecer una adecuada supervisión
del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato de
concesión. Según las leyes vigentes, INDECOPI además de defendernos como
usuarios ante los proveedores de cualquier servicio, nos protege de abusos de
posición de dominio, excepto en telecomunicaciones, en manos del OSIPTEL.
No necesitamos más burocracia estatal, requerimos más
tecnicismo en cada ministerio, gobierno regional, municipalidad. Ir
transformando el Estado y adecuarlo a los nuevos tiempos; y que las nuevas APP sean
correctamente supervisadas por las entidades ya existentes.
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