Por Alterna Perú, empresa consultora de telecomunicaciones
El organismo regulador de las telecomunicaciones en Perú y el Congreso
de la República han planteado un proyecto que pretende prohibir que las
operadoras del sector vendan a sus clientes equipos móviles bloqueados, es
decir equipos que no pueden ser usados por la competencia. Hasta hoy, al igual
que en la mayoría de países, se había justificado la decisión de las empresas
de vender equipos bloqueados porque a cambio ofrecen a sus clientes el equipo móvil
a un precio mucho más accesible, menor a
su precio real.
Plantear el desbloqueo de los celulares no es
necesario ya que el usuario peruano que no quiere estar obligado a permanecer
con un solo operador tiene la capacidad de elegir y de comprar equipos de otros proveedores. En la actualidad los usuarios cuentan con
diferentes alternativas para comprar equipos. Por ejemplo, tiendas por
departamento (Saga Falabella, Ripley, Oeschle), tiendas especializadas
(Hiraoka, La Esquina del Prepago), tiendas virtuales (Linio), entre
otras. Todas estas alternativas han crecido significativamente en los últimos
años.
El desbloqueo obligatorio que pretende ejecutar el regulador le quitará
al usuario la alternativa de elegir entre adquirir equipos móviles a más bajo
precio y quedarse un tiempo con el operador que se lo ofrezca, o adquirir
equipos desbloqueados. Lo que claramente debe transparentar el regulador es que
su intervención regulatoria está eliminando la posibilidad de que los
operadores puedan optar entre estrategias de negocio alternativas, todas
igualmente válidas pero ninguna superior ante el quehacer regulatorio.
El desbloqueo total que se propone aunado a la
regulación del contrato de equipos y a la eliminación del plazo forzoso del
servicio (12 o 18 meses), desincentiva que las operadoras móviles sigan otorgando los actuales niveles de subsidio al
terminal (precio cobrado al usuario menos costos de importación y distribución),
con el consiguiente impacto negativo en la penetración de Smartphones y, por ende,
en el acceso a Internet para los usuarios de menores recursos; así como en el
ofrecimiento de precios subsidiados en zonas con mayores índices de pobreza
(equipos prepago de bajo costo).
Ha sido siempre común que en el mercado móvil las empresas operadoras
subsidien el equipo, es decir lo vendan a un precio más bajo que su costo, ofreciendo
promociones y tarifas atractivas con la
condición de que el usuario opte por permanecer un plazo de tiempo predecible con
el operador de su elección. Ocurre esto en la mayoría de países, incluidos Canadá
y Estados Unidos, donde se puede acceder a precios bastante reducidos de
equipos.
Este modelo de negocio es a veces percibido como muy riesgoso por los
evaluadores financieros de los operadores, porque si los montos del subsidio
son altos se pueden presentar situaciones en las que no siempre hay una
recuperación total de esos costos. Sin embargo, si bien este modelo es riesgoso
para el operador, favorece al usuario porque le facilita el acceso al
servicio móvil a precios mucho más
accesibles, inclusive con equipos de última generación, los ya populares smartphones.
En los años recientes, han surgido operadores de telecomunicaciones que
adoptando un modelo de negocio distinto están
optando por eliminar o evitar los subsidios a los equipos; ello con el fin de
reducir sus costos y reducir el riesgo de su operación, esto ha ocurrido por
ejemplo en Estados Unidos en el caso del operador T-MOBILE. En este caso, esta empresa libremente optó
por no subsidiar equipos ni usar contratos a sus usuarios con mínima
permanencia en su red. En ese país, los usuarios pueden acceder a T-MOBILE, que
no exige permanencia mínima en su red y que ofrece financiamiento en la compra
de equipos, pero también son libres de elegir tener contratos por un tiempo
determinado con por ejemplo AT&T, Verizon,
Sprint. Aquí no hubo ninguna intervención regulatoria que haya obligado
a los operadores a escoger un modelo de negocio, tradicional o reciente, o que haya
uniformizado las estrategias de negocios entre operadores ni que haya anulado
la posibilidad de que sean los usuarios quienes elijan por firmar o no firmar
contratos con permanencia mínima a cambio de tener precios más reducidos por
los equipos; no hubo obligación de vender solo celulares desbloqueados.
En Perú, el regulador ha propuesto eliminar los contratos
operador-usuario a plazo mínimo o determinado y obligar al desbloqueo de todos los equipos que sean
vendidos por los cuatro operadores, incluyendo VIETTEL a partir de julio en que
iniciará operaciones en el mercado. Lo curioso es que este operador entrante,
al parecer desea adoptar el modelo de negocio tradicional subsidiando equipos y
ofreciendo planes con permanencia mínima en su red, de forma tal que consiga economías
de escala en el corto plazo; para que su estrategia resulte sostenible VIETTEL
requerirá asegurar que dicho subsidio sea recuperado y ello solo será posible a
través del bloqueo de terminales.
¿Por qué un entrante como VIETTEL preferiría un modelo de negocio
tradicional en vez de adoptar uno distinto? Simplemente porque ese modelo es
conocido, predecible y ha sido probado en la mayoría de países, aunque implique
asumir riesgos para el propio operador. La intervención regulatoria que OSIPTEL
ha anunciado obligaría a que cualquier operador, incluyendo el entrante, no
pueda usar ese modelo de negocio y adopte uno nuevo que probablemente generaría
más incertidumbre porque su impacto no sería predecible. Los ejemplos de Chile
y Colombia, que el regulador ha mencionado, no son aplicables porque en
Colombia no se eliminarán los plazos forzosos sino hasta julio próximo y en
Chile, el usuario final no compra el equipo al operador al inicio del contrato,
solo lo arrienda.
Creemos que si algún operador
tiene como objetivo eliminar los subsidios a los equipos y no utilizar
los plazos mínimos de permanencia lo puede hacer sin necesidad de ningún cambio
regulatorio, como ha sucedido en otros países.