jueves, 19 de junio de 2014

El desbloqueo pone en riesgo el crecimiento del mercado y el acceso a nuevas tecnologías móviles

Por Alterna Perú, empresa consultora de telecomunicaciones

El organismo regulador de las telecomunicaciones en Perú y el Congreso de la República han planteado un proyecto que pretende prohibir que las operadoras del sector vendan a sus clientes equipos móviles bloqueados, es decir equipos que no pueden ser usados por la competencia. Hasta hoy, al igual que en la mayoría de países, se había justificado la decisión de las empresas de vender equipos bloqueados porque a cambio ofrecen a sus clientes el equipo móvil a un precio  mucho más accesible, menor a su precio real.

Plantear el desbloqueo de los celulares no es necesario ya que el usuario peruano que no quiere estar obligado a permanecer con un solo operador tiene la capacidad de elegir y de comprar equipos de otros proveedores. En la actualidad los usuarios cuentan con diferentes alternativas para comprar equipos. Por ejemplo, tiendas por departamento (Saga Falabella, Ripley, Oeschle), tiendas especializadas (Hiraoka, La Esquina del Prepago), tiendas virtuales (Linio), entre otras. Todas estas alternativas han crecido significativamente en los últimos años.

El desbloqueo obligatorio que pretende ejecutar el regulador le quitará al usuario la alternativa de elegir entre adquirir equipos móviles a más bajo precio y quedarse un tiempo con el operador que se lo ofrezca, o adquirir equipos desbloqueados. Lo que claramente debe transparentar el regulador es que su intervención regulatoria está eliminando la posibilidad de que los operadores puedan optar entre estrategias de negocio alternativas, todas igualmente válidas pero ninguna superior ante el quehacer regulatorio.

El desbloqueo total que se propone aunado a la regulación del contrato de equipos y a la eliminación del plazo forzoso del servicio (12 o 18 meses), desincentiva que las operadoras móviles sigan  otorgando los actuales niveles de subsidio al terminal (precio cobrado al usuario menos costos de importación y distribución), con el consiguiente impacto negativo en la penetración de Smartphones y, por ende, en el acceso a Internet para los usuarios de menores recursos; así como en el ofrecimiento de precios subsidiados en zonas con mayores índices de pobreza (equipos prepago de bajo costo).

Ha sido siempre común que en el mercado móvil las empresas operadoras subsidien el equipo, es decir lo vendan a un precio más bajo que su costo, ofreciendo promociones y tarifas  atractivas con la condición de que el usuario opte por permanecer un plazo de tiempo predecible con el operador de su elección. Ocurre esto en la mayoría de países, incluidos Canadá y Estados Unidos, donde se puede acceder a precios bastante reducidos de equipos. 

Este modelo de negocio es a veces percibido como muy riesgoso por los evaluadores financieros de los operadores, porque si los montos del subsidio son altos se pueden presentar situaciones en las que no siempre hay una recuperación total de esos costos. Sin embargo, si bien este modelo es riesgoso para el operador, favorece al usuario porque le facilita el acceso al servicio  móvil a precios mucho más accesibles, inclusive con equipos de última generación, los ya populares smartphones.

En los años recientes, han surgido operadores de telecomunicaciones que adoptando  un modelo de negocio distinto están optando por eliminar o evitar los subsidios a los equipos; ello con el fin de reducir sus costos y reducir el riesgo de su operación, esto ha ocurrido por ejemplo en Estados Unidos en el caso del operador T-MOBILE.  En este caso, esta empresa libremente optó por no subsidiar equipos ni usar contratos a sus usuarios con mínima permanencia en su red. En ese país, los usuarios pueden acceder a T-MOBILE, que no exige permanencia mínima en su red y que ofrece financiamiento en la compra de equipos, pero también son libres de elegir tener contratos por un tiempo determinado con por ejemplo AT&T, Verizon, Sprint. Aquí no hubo ninguna intervención regulatoria que haya obligado a los operadores a escoger un modelo de negocio, tradicional o reciente, o que haya uniformizado las estrategias de negocios entre operadores ni que haya anulado la posibilidad de que sean los usuarios quienes elijan por firmar o no firmar contratos con permanencia mínima a cambio de tener precios más reducidos por los equipos; no hubo obligación de vender solo celulares desbloqueados.

En Perú, el regulador ha propuesto eliminar los contratos operador-usuario a plazo mínimo o determinado y obligar al  desbloqueo de todos los equipos que sean vendidos por los cuatro operadores, incluyendo VIETTEL a partir de julio en que iniciará operaciones en el mercado. Lo curioso es que este operador entrante, al parecer desea adoptar el modelo de negocio tradicional subsidiando equipos y ofreciendo planes con permanencia mínima en su red, de forma tal que consiga economías de escala en el corto plazo; para que su estrategia resulte sostenible VIETTEL requerirá asegurar que dicho subsidio sea recuperado y ello solo será posible a través del bloqueo de terminales.

¿Por qué un entrante como VIETTEL preferiría un modelo de negocio tradicional en vez de adoptar uno distinto? Simplemente porque ese modelo es conocido, predecible y ha sido probado en la mayoría de países, aunque implique asumir riesgos para el propio operador. La intervención regulatoria que OSIPTEL ha anunciado obligaría a que cualquier operador, incluyendo el entrante, no pueda usar ese modelo de negocio y adopte uno nuevo que probablemente generaría más incertidumbre porque su impacto no sería predecible. Los ejemplos de Chile y Colombia, que el regulador ha mencionado, no son aplicables porque en Colombia no se eliminarán los plazos forzosos sino hasta julio próximo y en Chile, el usuario final no compra el equipo al operador al inicio del contrato, solo lo arrienda.

Creemos que si algún operador  tiene como objetivo eliminar los subsidios a los equipos y no utilizar los plazos mínimos de permanencia lo puede hacer sin necesidad de ningún cambio regulatorio, como ha sucedido en otros países. 

martes, 17 de junio de 2014

Dinamizar las APP para mejorar la calidad de vida de los peruanos


Liliana Ruiz 
Presidenta de Alterna Perú e investigadora afiliada del Instituto del Perú


Las Asociaciones Público-Privadas, APP, constituyen una solución idónea para mejorar la calidad de vida de los peruanos, puesto que viabiliza la construcción y operación de modernas infraestructuras públicas (autopistas, puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, colegios, etc.) generando a la vez oportunidades de negocio para más ciudadanos y la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Afortunadamente, el alto nivel de la Administración Pública actual está convencido de la importante contribución de las APP al desarrollo sostenible del país, de acuerdo a las recientes declaraciones públicas de los ministros de Estado.

Expertos internacionales reafirman que la normativa peruana en APP es perfectible pero bastante mejor que la de otros países de la región. Sin embargo, la complementariedad de la inversión pública con la inversión privada expresada en número de proyectos y montos de dinero es aún insuficiente y aunque en el último mes hemos visto la adjudicación de tres importantes proyectos a través de ProInversión, conocemos de la lentitud que aqueja al diseño, evaluación y adjudicación de los proyectos APP.

¿Por qué el Perú aun no destaca en brindar a la ciudadanía infraestructura y servicios públicos modernos a través de APP? La Ministra de Salud reconoció hace poco que existen resistencias a las APP para prestar servicios de salud. Intuimos que hay resistencias en general para cualquier APP que estaría a cargo de un servicio público que tradicionalmente fue prestado por el Estado. En muchos casos, estas resistencias están basadas en el temor a que el privado de “gato por liebre”, a pesar de que se tomen todas las precauciones del caso en los contratos de concesión, incluso bajo circunstancias en las que el privado asume todos los riesgos de demanda y de oferta.

En otros casos, no menores, la falta de confianza en el privado está basada en la insuficiente experiencia y/o capacidades para entender los modelos de negocios por parte de funcionarios estatales que son parte del proceso de formulación y adjudicación de los proyectos, y que son muy numerosos, debido a que cada proyecto involucra varias entidades públicas.

Requerimos más APP para que nuestros ciudadanos reciban más y mejores servicios públicos, perciban que sus tributos están siendo bien utilizados y legitimen al Estado. No creemos que sea necesario crear más entidades públicas para regular y supervisar estos servicios.  Por ejemplo, de proveerse servicios de salud a través de APP, consideramos que no es obligatorio crear una nueva entidad llámese organismo supervisor, regulador o superintendencia para garantizar la correcta provisión. Lo que sí hace falta, es la generación de capacidades dentro del sector estatal para entender estos nuevos negocios, reducir la desconfianza y establecer una adecuada supervisión del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato de concesión. Según las leyes vigentes, INDECOPI además de defendernos como usuarios ante los proveedores de cualquier servicio, nos protege de abusos de posición de dominio, excepto en telecomunicaciones, en manos del OSIPTEL.

No necesitamos más burocracia estatal, requerimos más tecnicismo en cada ministerio, gobierno regional, municipalidad. Ir transformando el Estado y adecuarlo a los nuevos tiempos; y que las nuevas APP sean correctamente supervisadas por las entidades ya existentes.